Desarrollo de las comunidades rurales basado en la minería
Basado en un modelo de simulación con Vensim
Luis Martín Cardona Valadez
lumc_va@hotmail.com
Derivado de las reformas emprendidas por el gobierno mexicano para impulsar la inversión y el desarrollo de la minería, el país ha experimentado un aumento en las actividades de explotación y exploración del subsuelo por empresas extrajeras y locales en espacios principalmente rurales, donde la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo son problemas constantes; sin embargo, se ha documentado que la actividad minera, lejos de representar una alternativa de desarrollo a las comunidades rurales, ha desencadenado diversos conflictos socio-ambientales caracterizados por la desposesión y la devastación de los recursos naturales de las comunidades. Lo anterior, derivado de la implementación de un poder autocrático por parte de las compañías mineras donde los intereses de las corporaciones se imponen sobre las comunidades. Dada esta problemática, es necesario la generación de escenarios que puedan servir como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones por parte de los habitantes de las comunidades y las empresas mineras, con el fin de explorar posibles soluciones al conflicto y garantizar el desarrollo sustentable de las comunidades a partir de la llegada de proyectos mineros.
La pobreza rural en México.
Para el año 2009, se reportaba que en México cerca del 31.8% de la población rural vivía en condiciones de pobreza alimentaria, lo que se define como la incapacidad de un hogar de adquirir la canasta básica aun y cuando este disponga del total de su ingreso (FAO, 2009). Tomando a consideración aspectos adicionales como acceso a educación, servicios públicos, viviendas, ingresos, etc. el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), concluye que para el 2014 el porcentaje de personas en pobreza en el medio rural se ha reducido en apenas 0.5, quedando aun en condiciones de pobreza el 61.1% de la población rural (CONEVAL, 2015).
Diversos esfuerzos se han dirigido desde las esferas gubernamentales para mejorar la política y los programas de apoyo al campo desde hace tres décadas, a fin de lograr un impacto en el desarrollo rural en base a los principios de la sustentabilidad. Programas como Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) , Procampo y Alianza para el campo han sido instrumentados para buscar un aumento en la producción agrícola, en los ingresos familiares, la exportaciones y la participación de los sectores sociales; sin embargo, como las estadísticas lo muestran, no se ha tenido el éxito previsto(Escalante-Semmerena, 2006). De acuerdo al estudio realizado por Martínez Carrasco et. al (2014) , parte de este fracaso de la política de desarrollo rural se explica por la concentración de presupuesto y la abundancia de programas de apoyo al campo de corte sectorial; así como la pobre valoración de la importancia del sector rural de manera casi generalizada en el país y la falta de mecanismos con enfoque de integración de política y programas gubernamentales.
El sector rural en México representa un potencial productivo alto debido a sus 145 millones de hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias; sin embargo, el ingreso familiar por producto de actividades no agropecuarias puede desempeñar un papel importante para desentonar un desarrollo rural al permitir generar un excedente en el gasto familiar que pueda ser invertido en el sector agropecuario, así como favorecer una mejor articulación económica con el sistema de ciudades medianas (FAO, 2009). Dicho lo anterior, la promoción de la diversificación de actividades económicas en el medio rural puede desempeñarse de manera favorable a fin de ofrecer alternativas a la población y estimular el desarrollo económico de las regiones en el campo.
En la política mexicana, bajo consejo de organizaciones como el Banco Mundial y la CEPAL, se han realizado importantes reformas a fin de impulsar la explotación de recursos mineros, considerados como una actividad económica con alto potencial para la generación de desarrollo (Henríquez, 2011). Es a partir de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera en 1993 que se estimula la entrada de capitales extranjeros en el sector minero mexicano al permitirles hasta el 100% de participación en las empresas explotadoras nacionales, incentivando de esta manera la creación de alianzas con las grandes empresas mexicanas; el aumento en la inversión extranjera directa reportada de 1982 a 1993 acumuló en promedio 29 millones de dorales(md) mientras que para el periodo de 1994 a 2008 promedio 8194.4md, con picos en los años 2007 y 2008 de 1919.10 md y 4240.80 md respectivamente(Sánchez, 2010) . A consecuencia del aumento en la inversión, el país experimentó un alza importante en la ejecución de proyectos mineros. De acuerdo a los datos mostrados por Paz (2014), que a su vez, hace referencia al estudio de López-Bárcenas y Eslava- Galicia (2011), el número de las concesiones mineras para exploración y explotación entregadas en el país entre los años 2000 y 2010 fueron 26,559 sobre el 35% del subsuelo nacional; para el año 2012 la cifra alcanzó 27,159 de acuerdo a datos mostrados por el Sistema Integral de Administración Minera de la Secretaría de Economía.
Actualmente la minería representa el 4% del PIB nacional y el país es el primer destino de inversión en cuanto a exploración en América Latina y el cuarto en el mundo (Secretaría de Economía, 2015). La presencia de la minería a lo largo del territorio nacional es realmente importante e impacta un gran número de centros poblacionales del país. De acuerdo al informe emitido por la Cámara Minera de México, la minería se encuentra en 28 de los 32 estados de la república. Dada su importante penetración el sector ha promovido ejes de acción para lograr mejorar las condiciones de las comunidades aledañas en los lugares donde se ejecuta el proyectos; así como promovido el cuidado a medio ambiente. Según datos emitidos por le organismos, en el 2014 el sector minero dispuso 1087 millones de pesos mexicanos al desarrollo comunitario y cuenta con una participación activa en la generación de leyes y programas dirigidos a la protección de los recursos naturales (CAMIMEX, 2015). Sin embargo, diversos conflictos sobre territorio y deterioro de los recursos naturales se han visto asociados ante la llegada y operación de proyectos mineros a lo largo del país, por lo que el monitoreo de ejes de acción del sector minero; así como su impacto en el desarrollo local sigue siendo un tema en debate.
Garibay (2010) describe los efectos de la minería en comunidades campesinas en México como un proceso de acumulación por despojo, donde la riqueza generada por la extracción de mineral de lugares periféricos a la economía global es transferida a las metrópolis capitalistas, dejando a las comunidades con tierras sin ningún uso posible y con un espacio reconfigurado donde la contaminación del medio ambiente y conflictos sociales son una constante. Esta situación genera condiciones de reciprocidad negativa en donde las compañías mineras obtienen la mayoría de los beneficios mientras que las comunidades campesinas absorben gran parte de los costos. Lo anterior es posible dadas las condiciones de asimetría en términos de poder en que se encuentran las compañías mineras en relación con las comunidades. De acuerdo con Garibay, las comunidades son “capturadas” a través de la creación de un poder autocrático creado y ejercido por las compañías mineras sobre las comunidades y/o microregiones, donde poderes gubernamentales de diversos niveles son coaccionados y subordinados, y el carácter de sujeto colectivo presente en las comunidades es individualizado por medio de actos de intimidación o por corromper a líderes ejidatarios o comunitarios, a manera que el control del territorio y sus recursos naturales quedan a disposición de los intereses privados de las corporaciones mineras.
En México se han documentado diversos conflictos socio-ambientales derivados de la actividad minera, entre los cuales se pueden mencionar el pueblo de Cerro de San Pedro contra la minera Newgold Inc. en San Luis Potosí; el ejido Huizopa contra la compañía Minefinders en el municipio de Madera, Chihuahua; el ejido Cedros y el ejido Vergel contra Goldcorp en Mazapil, Zacatecas; el ejido Grecia en resistencia contra Blackfire en Chicomuselo, Chiapas y el municipio Real de Limón contra la compañía TeckCominco en el estado de Guerrero, entre varios otros (Garibay, 2010; Henríquez, 2011; Paz, 2014).
Dada la problemática actual en torno a la minería, la extensa presencia de proyectos mineros en el país y la actual política del Estado mexicano, la cual facilita y promueve la inversión en la exploración y explotación de minerales, es de suma importancia la generación de estrategias, a fin de dotar de referencias exitosas donde se logre focalizar los efectos de la inversión realizada en espacios rurales con el objetivo de conseguir desarrollo sustentable.
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